La Ley de radiodifusión todavía vigente es el Decreto-ley de facto 22.285 que establece, entre otras cosas, que sólo pueden acceder a licencias de radio y TV las empresas de carácter comercial.
De esta manera, quedan excluidas las asociaciones, mutuales, fundaciones, cooperativas.

Eso significa que si un grupo de personas se asocia con la finalidad de ganar dinero (lo que es lícito) puede aspirar a la titularidad de una licencia, pero si ese mismo grupo se asocia con fines culturales, educativos, sociales o religiosos no se le reconoce ese derecho. Esto es el producto de la ideología de la seguridad nacional que inspira la todavía vigente ley de radiodifusión, firmada por Videla, Massera, Martinez de Hoz y sus cómplices.

Entre esos cómplices están los grupos económicos que hoy se disfrazan de democráticos y con sus presiones han impedido el debate y la sanción de una nueva ley.

Desde hace años distintas organizaciones sociales, organismos vinculados a la comunicación e instituciones públicas viene reclamando por el Derecho a la Comunicación para todos y el fin de las exclusiones de la norma de la dictadura.
Democratizar las comunicaciones es condición necesaria para democratizar el país y eso implica construir alternativas comunicacionales al control informativo de los grandes grupos empresarios, y al servicio del movimiento popular.

La "Iniciativa Ciudadana por una Ley de Radiodifusión para la Democracia", son 21 puntos para una Ley de radiodifusión a 21 años de democracia.

Esta es una propuesta trabajada por la Coalición por una radiodifusión democrática: un conjunto de personas y organizaciones entre las que están los Sindicatos de Trabajadores de la Comunicación, Asociaciones de radios Comunitarias y radios Universitarias, Organismos de Derechos Humanos, Universidades, Organizaciones sociales, etc